Enfoque : políticas gubernamentales, marketing territorial, governanza

Según J. Listerri (2000) el gobierno nacional es un primer actor público a considerar. Si no hay una posición y una política activa de descentralización, compensación de desequilibrios territoriales e impulso de redes locales de instituciones de apoyo, va a ser difícil lograr avances por parte de los actores locales. Dependiendo de los marcos constitucionales y de relaciones fiscales entre diferentes gobiernos la participación nacional será más o menos imprescindible, pero puede ser muy positiva como facilitador de procesos, en la creación de reglas del juego y en el traslado de experiencias positivas de unas zonas a otras. La mera descentralización del gasto del gobierno nacional no es suficiente para generar una dinámica de toma de decisiones desde abajo.

Sin embargo no es trivial la discusión de cuál de los niveles (provincial o municipal) priorizar para el ejercicio de responsabilidades de desarrollo económico, especialmente en los casos en que no existe una tradición de gestión subnacional diferente de la municipal. En principio cabría suponer que el plano provincial o equivalente es más deseable para programas de desarrollo económico por varios motivos. Por una parte porque los 'mercados locales' no suelen ser tan estrechos como de nivel municipal, sino más bien comarcal o superior. En segundo lugar porque la creación de capacidad en el ámbito provincial es más económica, y puede ser más eficiente, que a escala municipal. Aunque la combinación, y a veces la competencia abierta, de funciones de uno y otro plano ha podido ser sana en países europeos, cabe pensar que en países en vía de desarrollo, como América Latina, deben ahorrarse esfuerzos y tratar de acertar en las opciones en el primer intento.

Además, la OCDE (1999) resume bien las preocupaciones de los funcionarios que desarrollan políticas de descentralización, pues evitarla no conduce a desigualdades inaceptables entre la provisión de políticas en las distintas áreas, particularmente entre aquellas con presupuestos fuertes y las que tienen presupuestos débiles. También tienen que asegurar que los programas de desarrollo local se coordinen suficientemente entre ellos, y con otros niveles de la jerarquía territorial. Un tercer tema trata de la necesidad de encontrar un equilibrio entre darles a las instituciones locales de desarrollo la autonomía suficiente para identificar y responder a las necesidades locales de un lado, y lograr una responsabilidad clara para los fondos públicos y una sensibilidad a las prioridades regionales y nacionales por el otro.  

R. Cappellin (2002) imagina que el papel los funcionarios que desarrollan políticas de desarrollo económico local, incluso las instituciones públicas nacionales y locales y las organizaciones intermediarias colectivas, tiene que pasar de ser uno de desarrollar políticas ‘prescriptivas’ que de manera dirigista indiquen productos o tecnologías específicos, a desarrollar políticas ‘transactivas,’ que busquen actuar sobre los costos de las transacciones o las relaciones de integración entres las empresas individuales y facilitar los cambio tecnológicos y organizacionales entres las empresas individuales en un grupo de empresas dado, definido por geografía o por sector.