Top Banner


Tal como está indicado por la teoría institucional, los gobiernos públicos deben definir un sistema de reglas, procedimientos y vínculos que permita a los actores económicos relacionarse y lograr formas más altas de integración económica o en otros términos deba promover la participación de una multiplicidad de sujetos y la coexistencia de muchos intereses.  

R. Camagni (1999) está de acuerdo en que las políticas de intervención bien pueden ser políticas horizontales y no-sectoriales, tales como las que traten el mejoramiento de la calidad de los factores de producción: el capital humano, el capital social la accesibilidad regional, las redes de información y de comunicación, a los cuales podemos agregar las intervenciones institucionales sobre reglas y regulaciones. Estas no son políticas enfocadas (de manera selectiva y ‘estratégica’) a sectores específicos, pero pueden ser cruciales para muchos sectores importantes.  

A. Rodrigues Posé (1994) plantea que las políticas no deben de ser demasiado enfocadas en la provisión de infraestructura, sino en otras metas, tales como el est í mulo del sistema productivo, para producir un efecto mayor en el potencial de desarrollo de los recursos locales. Esto evitará un desarrollo regionalmente desequilibrado entre las áreas más dinámicas de un área débil, tales como las grandes ciudades o los centros urbanos relevantes, y los más periféricos.  

 

La necesidad de un nuevo enfoque de administración pública es reconocida por E. Valdani y F. Ancarani (1999), quienes encontraron que en los últimos años, ha ocurrido una transformación progresiva en el entendimiento de cómo dirigir el sector público, y entonces también en la administración de los lugares como bienes públicos. Este nuevo enfoque de administración pública se empezó a desarrollar en los años noventa y está basado en la aplicación de los principios y técnicas de administración de empresas a instituciones públicas y la administración de todo lo que esté bajo su responsabilidad, incluso el territorio. Propone una transición del modelo clásico, burocrático, jurídico e institucional de la relación entre las autoridades públicas y los ciudadanos a un modelo económico basado en la lógica de un servicio público, una transformación que cambie a los ciudadanos de ser ‘sujetos’ a usuarios o clientes de los servicios del Estado.

La nueva administración pone atención en ambos tipos de públicos o clientes referentes:

  1. Los clientes internos, que incluye a los ciudadanos, trabajadores y empresas ya existentes en el área, quienes pueden ser definidos como partes interesadas, y
  2. Los clientes externos, que incluye los ciudadanos no-residentes, empresas que todavía no tengan presencia en el área, visitantes por propósitos empresariales, y turistas.

La relación que une a los lugares y sus públicos y clientes externos es la atracción, en el sentido de que las políticas adoptadas por un lugar buscan animar a empresas, inversionistas, turistas, etc., a entrar al territorio. La relación que une a los lugares y sus públicos o clientes internos es la satisfacción, en el sentido de que las políticas adoptadas por un lugar buscan asegurar la satisfacción de los residentes existentes (ciudadanos y empresas) y los actores involucrados en la planificación estratégica local (las Cámaras de Comercio, Organizaciones industriales, de consumidores, turísticas, etc.) .