Resumen

La governanza de desarrollo se refiere a acciones de actores que actúan de manera estratégica. Se implementa a través de la actividad de instituciones privadas y públicas tales como empresas, instituciones financieras, etc.

Ella se refiere a transacciones comerciales y no-comerciales entre actores y organizaciones porque los cambios entre empresas y organizaciones no son transacciones económicas abstractas sino que ocurren en un contexto social y político dado que influye las relaciones entre actores y organizaciones.

Sería un error si reformas institucionales regionales llegaran a ser un simple hecho de sustituir la administración por un estado central con un corporativismo regional que depende de una pequeña elite proveniente de oficinas del gobierno regional, las autoridades locales, agencias de desarrollo, los líderes del sector de los negocios.

Hay una número de axiomas generales de governanza económica asociadas con un enfoque institucional, así como el fortalecimiento de redes de comunicación y de asociación; la governanza económica eficiente, que se extiende más allá del alcance tanto de las instituciones del estado como del mercado; el papel del estado, como la institución colectiva principal con alcance social y autoridad legal, que debe proveer recursos, arbitrar entre autoridades descentralizadas, asegurar resultados colectivos, y, sobretodo, establecer la meta estratégica, y no ser el de planificador central o animador del mercado.

Las soluciones al problema tienen que ser específicas al contexto y sensible a los caminos de dependencias locales, y por lo tanto hay una necesidad de fomentar formas intermedias de governanza, construyendo una ‘densidad institucional’ local, que incluya sistemas de apoyo a las empresas, instituciones políticas y las ciudadanía social.

Construir el éxito económico es tanto un asunto de diseñar políticas económicas adecuadas como de lograr reformas sociales y políticas más amplias para estimular la formación de habilidades sociales para la acción autónoma del territorio.

Dentro de un marco de responsabilidades compartidas por distintos niveles de gobierno, la sociedad civil y el sector privado, la administración pública, que sigue teniendo un papel catalizador del ambiente local de definir legislación, seguirá estableciendo reglas de planificación local y de operación, fomentando el análisis de la economía local; manteniendo el liderazgo del desarrollo económico local; organizando y promoviendo los servicios; canalizando la provisión de financiamiento y de otras iniciativas para promover el desarrollo económico local, y; estableciendo y manteniendo un ambiente animador que estimule el crecimiento de los negocios.

El Sector Privado y de la Comunidad provee a la comunidad de un rango amplio de recursos y conocimientos; puede de-politizar los proyectos de desarrollo económico local, así facilitando su sostenibilidad al largo plazo; contribuye al aumento de confianza, recursos y sostenibildad; fortalece la confianza de los inversionistas potenciales, aumentado así lo atractivo de la comunidad para los negocios, y desarrolla capacidades de movilización.